La lucha contra la privatización del Canal entra en una fase crucial. Nuestra información apunta que el Gobierno regional quiere tener constituida la empresa este trimestre, pero tiene diversas dificultades.
La primera es la difícil situación “del mercado de empresas de agua”. Hay un intento de muchos ayuntamientos de vender al sector privado sus empresas de suministro. No es un hecho circunscrito a nuestro país. La situación es aún más grave en otros países de la UE “intervenidos” y con programas que obligan a vender este tipo de empresas. Es el caso de Grecia, Portugal e Irlanda, pero no sólo Italia (pese a que en un reciente referéndum detuvieron el proceso de brutal privatización diseñado por Berlusconi, hay ayuntamientos y regiones que han puesto en marcha los procesos con el pretexto de la crisis), de Hungría y parece que de otros países. Por otro lado para adquirir estas empresas es preciso endeudarse y el mercado financiero está también muy colapsado.
O resumiendo, las grandes empresas internacionales (grandes sujetos de este proceso) tienen, no sólo dificultades para acceder al crédito, tiene deudas altas (en general) y una “amplia oferta donde elegir”. Pese a todo el Canal (por su cifra de beneficios, su evolución en los últimos años y su buena posición estratégica) sigue siendo un pieza apetecible….pero quizá demasiado grande. Varias personas de la Plataforma opinamos que, en esta coyuntura, el Canal más que venderse, tiene que regalarse (el precio que posiblemente se obtendrá será muy inferior a cualquier valor real razonable). Esto es un dato a nuestro favor ya que si consiguiéramos articular una oposición suficientemente fuerte, podríamos hacer menos atractiva la venta del Canal.
Otro fenómeno que nos ofrece buenas nuevas es el aumento de la oposición municipal. Según el ordenamiento jurídico de nuestro país, los ayuntamientos son responsables de la distribución de aguas y del alcantarillado. Antes del proceso, el Canal atendía mediante convenios de diverso tipo a 175 de 179 ayuntamientos de la comunidad de Madrid. A fin de hacer más atractiva la empresa, el Gobierno Regional inició un proceso de firma de nuevos convenios con los ayuntamientos. E intentó, desde su posición de fuerza, que los ayuntamientos firmaran “sin rechistar” los nuevos acuerdos. Además intentó, infructuosamente que todos los convenios estuvieran firmados antes de finalizar 2011. Por diversos motivos, muchos ayuntamientos han sentido que tienen mucho que perder con los nuevos convenios.
Por nuestra parte habíamos lanzado la idea de una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) que ha culminado con éxito. La han suscrito por ahora 8 ayuntamientos que representan más de 500.000 electores (hacían falta 3 ayuntamientos con 50.000 electores) y lo harán todavía unos cuantos más. Más sorprendente es que en 4 (Leganés, Coslada, Getafe y Colmenarejo) de los 8, gobierna el PP y el voto común de la oposición ha provocado esta muestra de rechazo. Ha habido también ayuntamientos que, aunque no han aprobado la ILM han mostrado un rechazo frontal a la privatización al rechazar en un pleno la firma del convenio (es el caso de Torrrejón de la Calzada). Desde luego el rechazo de 30 ayuntamientos de la Sierra, casi todos ellos del PP (incluido Pedrezuela, que lo "
dejo encima de la mesa"), a firmar los convenios que pedía el Canal, prueba que los ayuntamientos se han visto forzados a oponerse al proceso. Este es también un dato significativo.
La oposición ciudadana ha ido también en aumento. Se han producido unas 150 charlas en los más diversos lugares de la geografía regional. Se han hecho dos significativas manifestaciones, la segunda de las cuales pudo ser de unas 10.000 personas. Se recogieron más de 35.000 firmas. Y ahora
estamos inmersos en preparar una consulta social el día 4 de marzo. En la organización está la Plataforma contra la Privatización del Canal y, de momento, unas 30 asambleas del 15-M, aunque está abierta a nuevos colectivos.
Actualización 28/Febrero/2012. Aquí os dejamos un comunicado que nos hace llegar la Asamblea Popular de Pedrezuela, referente a la negativa del Ayuntamiento (único Ayuntamiento en negarse) a la autorización para poner la mesa para la consulta popular.
